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Para nadie es un secreto el impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo en la economía mundial. No se trata sólo de una crisis sanitaria, sino de una importante crisis económica y social que tendrá repercusiones en el mercado laboral, el incremento de la pobreza y la desigualdad.

En un estudio preliminar realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto que tendrá el virus en el mundo laboral se estima que cerca de 25 millones de empleos se perderán, empujando a millones de personas al desempleo, la precariedad laboral así como a la informalidad y, como resultado de ello, a la pobreza.

Sólo en Latinoamérica cerca de 185 millones de personas, de un total de 620 millones, ya viven en condiciones de pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), las consecuencias del virus incrementarán este número en 220 millones. Si hablamos de pobreza extrema, el número de personas ascendería de 67,4 millones a 90 millones. Las proyecciones son escalofriantes y desalentadores para una región que por muchos años ha vivido las consecuencias de un sistema económico que excluye, discrimina y perpetúa violaciones a los derechos económicos y sociales de su población.

Pero, ¿cómo enfrentamos este nuevo panorama? Si algo ha puesto la crisis en evidencia es la necesidad de un Estado fuerte y eficiente, con un sistema de protección social sólido que pueda hacerle frente no sólo a una crisis sanitaria, sino a las consecuencias económicas y sociales que resultan de ella.

La propia OIT reconoce en su informe que la protección social debe ser ampliada y eso pasa no sólo por el fortalecimiento de los sistemas de salud pública —revirtiendo los procesos que amenazan con su mercantilización y privatización— sino por ampliar la protección a los trabajadores frente al desempleo. Sí, políticas que protejan al trabajador frente a despidos en contextos como este y otros, y que exijan a las empresas, principalmente de grandes capitales, un mayor compromiso económico y fiscal que permita incluso sostener un ingreso básico universal, tal y como lo señala el experto independiente en deuda externa y derechos humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky.

La ampliación de la protección social implica también el fortalecimiento de las políticas de reducción de la pobreza y poner, como resalta Bohoslavsky, las finanzas al servicio de los más pobres. En Costa Rica significará garantizar suficientes y más recursos para la Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza, ahora Puente al Desarrollo, con el fin de brindar una atención integral a las familias en condiciones más vulnerables y que permita mitigar las secuelas devastadoras de la pandemia: más salud, más educación, y más servicios públicos esenciales, accesibles y de calidad.

Los estímulos económicos que se prevean deben incluir el diseño de políticas fiscales y monetarias progresivas que aseguren que la carga de la recuperación no recaiga en quienes menos tienen. Para ello las respuestas deben estar acompañadas de la reducción de impuestos para los sectores de más bajos ingresos, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de facilidades para el financiamiento. Sí, una reforma fiscal verdaderamente progresiva y solidaria que además apunte a la reducción de la pobreza y la desigualdad.

La historia ya nos ha dado lecciones con anterioridad sobre la necesidad de contar con Estados fuertes, eficientes y con amplios sistemas de protección social para enfrentar contextos post-pandemia como el que prevén los organismos internacionales. La invención del Estado de Bienestar, tal y como lo conocemos hoy, fue el resultado de una economía global devastada por la Segunda Guerra Mundial y el crack del 29 que dejó a cientos de millones de personas desamparadas.

A estas alturas, es importante recordar que la crisis financiera de 2008 derivó en políticas que erosionaron las capacidades de los Estados europeos para dar respuesta a sus problemas sociales; las llamadas políticas de austeridad implicaron el desmantelamiento de instituciones públicas fundamentales y su infraestructura. Medidas de esta naturaleza se venían implementando en los países del sur global desde los años 80 mediante la imposición de los programas de ajuste estructural.

Para países como Grecia, estas medidas significaron la gradual destrucción de su sistema de salud pública, dejando al país expuesto y vulnerable al COVID-19.  Y, sin embargo, hoy la OMS reconoce la importancia de contar con sistemas fuertes de sanidad.

La situación que vive hoy el mundo como consecuencia de la pandemia, nos obliga a pensar en los retos económicos y sociales que vendrán cuando la crisis sanitaria sea superada y cómo enfrentarlos garantizando que ninguna persona se quede rezagada. No hay que olvidar que esto generará ante todo una crisis humana y frente a ella tendremos que centrarnos en la protección de las personas más vulnerables. Hoy más que nunca necesitamos instituciones de protección social robustas, hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad que las caracteriza a estas y a las sociedades que las sostienen.