Este jueves, el Instituto Nacional de Seguros (INS) despidió por segunda ocasión a la funcionaria y exministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, quien se encontraba laborando en el Instituto por una medida cautelar emitida por los Tribunales, tras haber sido ya despedida en octubre del 2018 por situaciones distintas a las que originaron el presente despido.

Dato D+: Ramírez Chavarría fue ministra de Justicia y Paz durante la administración Solís Rivera. En mayo del 2015 aspiró a ocupar la secretaría general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (Comjib), pero retiró su candidatura antes de la elección por falta de apoyo. Una semana después de ese evento, el Gobierno la degradó del puesto de ministra a asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS.

A mediados del 2020, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le ordenó al Instituto cursar un procedimiento disciplinario contra la señora Ramírez, tras presentar una denuncia penal contra Ramírez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso, por hechos relacionados con la contratación de los servicios de dos personas, a través de la subsidiaria INS Servicios S. A. que sucedieron cuando Ramírez era la directora jurídica del INS.

Desde el INS confirmaron que, después de otorgado el derecho de defensa de Ramírez, el órgano externo que tuvo a cargo la investigación, calificó la falta como gravísima, y “tuvo por acreditado que la señora Ramírez, de forma intencional, ejecutó actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos”.

Esta situación generó que, de manera unánime, la Administración acordara destituir a Ramírez y ampliar la denuncia penal que presentó la Procuraduría de la Ética Pública.

Primer despido

En julio del 2017 Ramírez Chavarría fue nombrada directora de la Dirección Jurídica del INS y estuvo en el ejercicio del cargo hasta octubre del 2018, cuando fue suspendida —con goce de salario— por las investigaciones administrativas que se realizaban en su contra.

Según tuvo por probado el órgano director que llevó ese proceso, durante su paso como jefa de la Dirección Jurídica, Ramírez incurrió en conductas de acoso laboral contra 7 funcionarios de esa dependencia. La resolución detallaba que las conductas incluían:

  • Acoso laboral (en su modalidad de desprotección laboral) y abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica.
  • Maltrato verbal, abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica, descalificación profesional y amenazas.
  • Maltrato verbal y amenazas.
  • Abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica para someter a actos denigrantes y humillantes a un funcionario.
  • Abuso de poder valiéndose de su posición jerárquica para someter a situaciones denigrantes a una funcionaria subalterna.
  • Maltrato de palabra y someter a situaciones humillantes a una funcionaria subalterna.
  • Someter a situación humillante y descalificación profesional a una funcionaria subalterna

Adicionalmente, el Órgano Director del proceso dio por demostrado que las acciones de Ramírez Chavarría afectaron la dinámica y el ambiente laboral de toda la Dirección Jurídica del INS, incluyendo la salida de varios funcionarios durante el periodo de tiempo en el que estuvo a cargo de la Dirección.

Tras la ejecución definitiva del despido, la abogada de Ramírez Chavarría presentó una solicitud de medida cautelar ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José (expediente 19-002082-0166-LA) el 8 de diciembre del 2019. A inicios del 2020, los 38 funcionarios de la Dirección Jurídica del INS hicieron un cese de labores en protesta por la reinslación de Ramírez como directora de ese departamento, tras la medida cautelar del juez que llevaba el caso, por lo que se le asignó en el cargo de jefa del departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios.