Durante la última década, he tenido el privilegio de interactuar con numerosos costarricenses que ocupan diferentes posiciones en organizaciones internacionales. Sus logros me han impresionado constantemente, resaltando cómo una nación con apenas cinco millones de habitantes y sin poder militar puede ejercer una considerable influencia en el escenario global. Desde roles fundamentales en el Acuerdo de París hasta ser pioneros en el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPNW) y promotores de la utilización sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (BBNJ), Costa Rica se ha erigido como una fuerza impulsora detrás de iniciativas globales críticas. La clave de estos éxitos radica en los profundos recursos de poder blando en los que los costarricenses se apoyan, arraigados en sus valores sociales de inquebrantable respeto por los derechos humanos, compromiso con la conservación del medio ambiente y dedicación a la defensa no violenta del cambio. Sin embargo, las recientes decisiones políticas relacionadas con estos principios fundamentales han suscitado preocupaciones sobre la disminución del poder blando de Costa Rica.

Contexto y Dilema

Mientras celebramos el logro monumental del acuerdo BBNJ y en medio de los preparativos para la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, surgieron noticias desconcertantes sobre una decisión tomada por el gobierno costarricense. El gobierno optó por utilizar ocho barcos de arrastre para investigar la sostenibilidad e implicaciones ambientales de la pesca de camarones mediante estos buques.

Esta decisión siguió poco después de que una coalición internacional de 18 Organizaciones de Conservación Marina (MCOs) presentara evidencia al Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS), bajo la Oficina de Asuntos Internacionales, Comercio y Comercio (IATC), revelando la participación de Costa Rica en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) de tiburones en peligro de extinción, violando así leyes de pesca internacionales y de Estados Unidos.

Equilibrio de prioridades

Es comprensible que los países, en su búsqueda de recuperación de los impactos inducidos por la pandemia, puedan recurrir a la explotación intensificada de sus recursos marítimos. Sin embargo, para una nación que durante mucho tiempo se ha posicionado como un modelo de Desarrollo sostenible y protección ambiental, tales soluciones resultan insuficientes. Estas decisiones ponen de manifiesto cambios en la Costa Rica del siglo XXI, arrojando luz sobre perspectivas divergentes sostenidas por diferentes segmentos de la sociedad y su relación en evolución con los valores fundamentales del país.

Voces de apoyo y preocupación

Mientras los representantes del sector camaronero de Puntarenas, la Iglesia Católica y la Municipalidad de Puntarenas expresan gratitud al gobierno por sus esfuerzos para revitalizar la pesca de camarones utilizando barcos de arrastre, también han surgido voces críticas. La Universidad de Costa Rica (UCR), junto con organizaciones como MarViva y Marine Watch en Costa Rica, han expresado una fuerte oposición a esta decisión. Curiosamente, entidades internacionales como el PNUD, la FAO y el GEF, que cuentan con numerosos costarricenses entre sus filas, han mantenido silencio.

El impacto profundo

Como individuo sin afiliación a organismos gubernamentales o partidos políticos, este artículo tiene como objetivo analizar las ramificaciones profundas de estas decisiones a corto plazo en el entorno de Costa Rica y su poder blando global. La exploración abarca dimensiones ambientales, socioeconómicas y políticas, basándose en mi perspectiva experta.

Consecuencias ambientales

La pesca de arrastre, una técnica que implica remolcar redes por el fondo marino, está diseñada para capturar especies objetivo como camarones y cangrejos. Lamentablemente, los efectos colaterales de la pesca de arrastre se extienden a la captura incidental y la destrucción de hábitats habitados por especies no objetivo. Al mismo tiempo, se comprometen los lugares de desove de las especies objetivo, lo que conlleva a disminuciones en las poblaciones en los años venideros. Estos resultados son el producto de una reducción en la capacidad de carga ambiental, impulsada por un impacto dual de la sobreexplotación y la degradación del hábitat.

Consideraciones socioeconómicas

Para una sociedad profundamente comprometida con el consumo sostenible y las consideraciones ambientales, la Regla Dorada Verde (GGR) se erige como un principio de importancia primordial. Arraigados en el paradigma de crecimiento sostenible, los bienes ambientales poseen un valor intrínseco y se evalúan por su utilidad en perpetuidad. La tasa de cambio en el stock del bien ambiental a lo largo del tiempo está influenciada por el equilibrio entre las tasas de renovación y consumo. Costa Rica ha asignado históricamente un valor social elevado a los bienes ambientales, favoreciendo su preservación para las futuras generaciones. Sin embargo, las dificultades económicas derivadas de la pandemia pueden haber catalizado una reevaluación de las políticas perdurables del país.

Implicaciones políticas

La trayectoria notable de Costa Rica como una nación carente de poder militar, pero repleta de respeto por los derechos humanos, la paz y el medio ambiente, la ha impulsado al frente de la diplomacia global. El poder blando del país permite a su gobierno actuar como mediador en plataformas internacionales, mientras que en el ámbito doméstico, su ciudadanía permanece alineada con estos valores fundamentales. Cambios disruptivos en estos principios fundamentales pueden precipitar una disminución en el poder blando internacional de Costa Rica. La decisión de la pesca de arrastre, aunque aparentemente interna, corre el riesgo de debilitar la posición de negociación de los diplomáticos costarricenses en las conversaciones relacionadas con asuntos oceánicos y el desarrollo marino sostenible.

Propuestas para el futuro

Al abordar estos desafíos apremiantes, recomiendo que Costa Rica transite de enfoques unidisciplinarios a estrategias multifacéticas. Aprovechar tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA), el Aprendizaje Automático (ML), el Procesamiento de Imágenes y la automatización puede facilitar el desarrollo de alternativas respetuosas con el medio ambiente y eficientes para la pesca de arrastre. Además, fomentar la colaboración con las comunidades pesqueras para la gestión sostenible de las especies objetivo puede generar modelos de autogobierno. Por último, involucrar a las comunidades vulnerables en la producción de plántulas no solo ayuda a la recuperación de las poblaciones, sino que también genera oportunidades de empleo, mejora los medios de vida y contribuye a la próspera economía de Costa Rica.

Conclusión

Es crucial destacar que invertir más de 126 millones de colones (aproximadamente 400.000 dólares) en investigar técnicas de pesca de arrastre, acompañado de costos sociales, económicos y políticos adicionales como se explicó anteriormente, puede que no fomente el crecimiento del sector pesquero y acuícola de Costa Rica. En cambio, podría erosionar la imagen amigable con el medio ambiente de la nación. En este cruce de caminos, resulta imperativo un reajuste juicioso de las políticas, alineándose con el compromiso emblemático de Costa Rica con la sostenibilidad, para salvaguardar su valioso poder blando y posicionarlo como una fuerza continua para el cambio positivo en el escenario internacional.

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